La industria de los activos digitales en Estados Unidos ha intensificado su presión sobre el Congreso en un momento crítico para la regulación del sector. Más de 100 empresas cripto, encabezadas por actores clave como Coinbase, Ripple y Kraken, han instado formalmente al Comité Bancario del Senado a avanzar con la revisión (markup) de la Clarity Act, una propuesta legislativa destinada a establecer un marco federal claro para el mercado de activos digitales.
La iniciativa, que se encuentra estancada desde hace meses, vuelve al centro del debate político en Washington en medio de crecientes preocupaciones sobre competitividad, innovación y fuga de capital hacia otras jurisdicciones.
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La carta conjunta, liderada por la Crypto Council for Innovation y la Blockchain Association, representa uno de los llamados más amplios y coordinados del sector cripto en los últimos años.
En el documento, las empresas advierten que Estados Unidos corre el riesgo de perder su liderazgo global en innovación financiera si no establece rápidamente un marco regulatorio coherente. Según argumentan, la falta de claridad legal está empujando inversiones, talento y desarrollo tecnológico fuera del país.
Este mensaje no es nuevo, pero sí más urgente. La industria sostiene que depender únicamente de interpretaciones regulatorias fragmentadas —principalmente de agencias como la Securities and Exchange Commission (SEC) y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC)— no ofrece la seguridad jurídica necesaria para escalar el ecosistema.
La Clarity Act busca resolver uno de los problemas estructurales más importantes del mercado cripto en EE.UU.: la falta de delimitación clara entre las competencias regulatorias.
En términos concretos, el proyecto pretende:
Este enfoque apunta a construir un “baseline” federal predecible, algo que, según la industria, no puede lograrse únicamente a través de acciones regulatorias individuales.
A pesar del impulso inicial, la Clarity Act ha enfrentado múltiples obstáculos políticos y técnicos desde comienzos de 2025.
El Comité Bancario del Senado, que inicialmente planeaba avanzar con el proyecto en enero, terminó posponiendo el debate tras críticas públicas de Brian Armstrong, CEO de Coinbase.
Armstrong cuestionó aspectos clave del borrador, señalando que algunas disposiciones podrían debilitar el rol de la CFTC y afectar negativamente incentivos asociados a stablecoins, particularmente las recompensas vinculadas a su uso.
Estas preocupaciones no fueron aisladas. El tema de las stablecoins ya venía generando divisiones tanto entre legisladores como dentro de la propia industria, lo que terminó desestabilizando el calendario legislativo.
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto ha sido el tratamiento de las recompensas asociadas a stablecoins de pago.
Mientras algunos actores defienden estos incentivos como una herramienta clave para la adopción, otros —especialmente dentro del sistema bancario tradicional— los ven como un riesgo potencial para la estabilidad financiera y la competencia.
Este conflicto ha generado un enfrentamiento directo entre bancos y empresas cripto, prolongando las negociaciones dentro del Senado y manteniendo la ley en un limbo legislativo.
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El estancamiento de la Clarity Act resulta aún más relevante considerando su avance previo en la Cámara de Representantes, donde fue aprobada en julio de 2025 con una votación contundente de 294 a 134.
Desde entonces, el foco se trasladó al Senado, donde se esperaba una rápida progresión. Sin embargo, las expectativas no se han cumplido.
Durante las últimas semanas, el mercado anticipaba que el Comité Bancario anunciaría el markup hacia finales de abril. No obstante, declaraciones del senador Thom Tillis sugirieron que el proceso podría retrasarse hasta mayo, ampliando aún más la incertidumbre.
Más allá de las disputas técnicas, el trasfondo del debate es estratégico. Las empresas firmantes advierten que la inacción legislativa podría tener consecuencias estructurales para la economía estadounidense.
Entre los principales riesgos destacan:
La carta subraya que otros países ya están avanzando con regulaciones más definidas, lo que incrementa la presión sobre Washington para actuar.
Además de pedir avances en el proceso legislativo, las organizaciones delinearon una serie de prioridades que consideran esenciales para el éxito de la Clarity Act:
Estas propuestas reflejan un intento de equilibrar innovación y supervisión, evitando tanto la sobrerregulación como los vacíos legales.
El llamado de la industria llega en un momento en el que el margen de maniobra política comienza a reducirse. Con el calendario legislativo avanzando y múltiples prioridades en agenda, el riesgo de nuevos retrasos es real.
Sin embargo, también crece la presión pública y empresarial para que el Senado actúe. La Clarity Act no solo representa una reforma técnica, sino un punto de inflexión en la forma en que Estados Unidos aborda el futuro de los activos digitales.
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El debate en torno a la Clarity Act expone una tensión fundamental entre innovación y regulación. Mientras la industria exige reglas claras para operar con seguridad jurídica, el sistema político enfrenta el desafío de equilibrar intereses divergentes.
Lo que está en juego no es únicamente una ley, sino la posición de Estados Unidos en la economía digital global.
Si el Senado logra avanzar con el markup en las próximas semanas, podría sentar las bases de un nuevo marco regulatorio que redefina el sector. En caso contrario, el país corre el riesgo de quedarse atrás en una carrera que ya se está acelerando en otras regiones del mundo.
En este contexto, la Clarity Act se convierte en mucho más que un proyecto legislativo: es una prueba de la capacidad de Estados Unidos para adaptarse a la nueva era financiera.
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