El Clarity Act, uno de los proyectos de ley más importantes para establecer un marco regulatorio integral para las criptomonedas en Estados Unidos, llegará a septiembre con un escenario mucho más complejo de lo previsto. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, aplazó hasta el 15 de septiembre la votación de procedimiento que podría abrir el camino para que la iniciativa avance en la Cámara Alta.
El retraso reduce considerablemente el margen de maniobra del Congreso. El Senado regresará a Washington el 14 de septiembre y permanecerá en sesión hasta el 2 de octubre, antes de entrar nuevamente en receso durante todo octubre. En ese corto periodo, los legisladores deberán resolver varios asuntos pendientes, entre ellos financiación y proyectos relacionados con defensa, mientras aumenta la presión política ante las elecciones de noviembre.
El panorama llevó a TD Cowen’s Washington Research Group a estimar en apenas 25% la probabilidad de que el Clarity Act se convierta en ley durante los próximos meses. La firma considera que el proyecto no está muerto, pero advierte que el camino para su aprobación se ha vuelto considerablemente más difícil.
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Después de meses de negociaciones, el Senado esperaba avanzar con una votación inicial antes del receso de verano. Sin embargo, las diferencias entre legisladores sobre distintos componentes del proyecto impidieron alcanzar un acuerdo suficientemente sólido.
Thune presentó finalmente una moción de cierre —conocida como cloture vote— programada para el 15 de septiembre, cuando el Senado haya regresado de su receso de aproximadamente un mes. Esto significa que los legisladores dispondrán de apenas unas semanas para superar el obstáculo procesal y, potencialmente, aprobar el proyecto antes de enviarlo a la Cámara de Representantes.
El aplazamiento generó frustración entre algunos representantes de la industria cripto, quienes esperaban que el Senado pudiera realizar al menos una votación preliminar antes de que los legisladores abandonaran Washington.
Aun así, el retraso no necesariamente significa el final de la iniciativa.
Talia Davis, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de DeFi Education Fund, señaló que todavía existe la expectativa de que el proyecto pueda avanzar en septiembre, aunque reconoció que persiste un alto grado de escepticismo dentro de la industria.
El Clarity Act busca establecer por primera vez un marco federal integral para regular el mercado de activos digitales en Estados Unidos y otorgaría a la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) una jurisdicción considerablemente más amplia sobre determinados activos relacionados con criptomonedas.
Sin embargo, el proyecto lleva meses atrapado entre diferentes disputas políticas y regulatorias.
Uno de los principales conflictos surgió alrededor de las recompensas de stablecoins, particularmente aquellas que permiten a los usuarios obtener beneficios por mantener determinados activos depositados en plataformas.
El debate rápidamente trascendió el ámbito estrictamente cripto y se convirtió en un enfrentamiento entre parte de la industria de activos digitales y el sector bancario estadounidense.
Los senadores Angela Alsobrooks y Thom Tillis terminaron negociando una propuesta para resolver la disputa. El acuerdo establece que las plataformas no podrían pagar recompensas simplemente por mantener el activo, aunque sí contempla la posibilidad de ofrecerlas asociadas a determinadas transacciones y pagos.
El problema es que el asunto todavía no está completamente cerrado.
Representantes bancarios continúan presionando para modificar el lenguaje del proyecto, mientras dentro de Washington persiste la posibilidad de reabrir la disposición conocida como Section 404, relacionada con las recompensas de stablecoins.
Summer Mersinger, directora ejecutiva de Blockchain Association, calificó como desalentadora la posibilidad de reabrir esa parte del proyecto, aunque señaló que todavía no está decidido si efectivamente ocurrirá.
Otro de los grandes obstáculos que ha ganado relevancia durante las negociaciones está relacionado con la ética y los vínculos entre funcionarios públicos y activos digitales.
Durante el último año, las crecientes participaciones y actividades empresariales relacionadas con criptomonedas del presidente Donald Trump han generado cuestionamientos en Washington y se han convertido en un elemento adicional dentro de las negociaciones.
Trump evalúa actualmente una propuesta presentada por los senadores Ruben Gallego y Thom Tillis. Esta contempla, entre otras disposiciones, permitir que los fiscales generales estatales hagan cumplir una prohibición para que determinados funcionarios públicos y sus cónyuges emitan o patrocinen activos digitales.
Para la industria, resolver este componente podría desbloquear otras negociaciones.
Mersinger considera que un acuerdo sobre ética aumentaría la presión para encontrar soluciones a los demás asuntos pendientes y permitiría concentrar las conversaciones en conseguir los votos necesarios para avanzar.
Las preocupaciones relacionadas con el uso de criptomonedas para actividades financieras ilícitas tampoco han desaparecido.
Algunos legisladores consideran que el Clarity Act no proporciona herramientas suficientes a las autoridades encargadas de combatir actividades ilegales y proteger a los consumidores.
La industria cripto rechaza esa interpretación y sostiene que el proyecto sí puede proporcionar una estructura regulatoria adecuada.
La senadora Catherine Cortez Masto se ha mostrado especialmente crítica respecto de las disposiciones relacionadas con la protección de consumidores y las capacidades de las autoridades para combatir actividades ilícitas.
Según una fuente de la industria citada en el material de referencia, Cortez Masto estaría decidida a votar en contra del proyecto. El esfuerzo de los grupos favorables al Clarity Act estaría concentrado ahora en evitar que otros senadores adopten una posición similar.
Esto vuelve especialmente importante el trabajo de negociación que se realice durante las semanas previas a la votación de septiembre.
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El calendario legislativo podría convertirse en uno de los mayores enemigos del Clarity Act.
El Senado regresará el 14 de septiembre, mientras que tanto la Cámara de Representantes como el Senado permanecerán en Washington hasta el 2 de octubre. Después, ambas cámaras estarán fuera durante todo octubre.
En ese periodo también deberán abordar proyectos relacionados con financiación y defensa, lo que podría reducir todavía más el tiempo disponible para negociar la legislación sobre criptomonedas.
La proximidad de las elecciones de noviembre añade otra variable política.
El Senado suele avanzar lentamente cuando existen múltiples asuntos legislativos pendientes. Por ello, disponer de unas pocas semanas para cerrar las diferencias, conseguir suficientes apoyos, superar la votación de procedimiento y posteriormente avanzar hacia una aprobación definitiva representa un desafío considerable.
TD Cowen considera precisamente que este calendario comprimido es uno de los factores que deterioran las posibilidades de que el proyecto se convierta en ley en los próximos meses.
Incluso si el Senado consigue aprobar el Clarity Act, el proyecto todavía tendría que superar otro obstáculo: la versión aprobada por la Cámara de Representantes no es idéntica a la que actualmente se discute en el Senado.
La Cámara ya aprobó su propia versión de la legislación el año anterior, pero existen diferencias relevantes entre ambos textos.
Una de ellas está relacionada precisamente con la Section 404 y las recompensas de stablecoins, disposición que no forma parte de la versión de la Cámara.
Esto significa que una eventual aprobación en el Senado no garantizaría automáticamente que el proceso legislativo haya terminado.
La Cámara podría decidir no aceptar el texto aprobado por el Senado y exigir modificaciones adicionales, abriendo una nueva ronda de negociaciones.
Mersinger señaló que el progreso en el Senado podría, sin embargo, generar suficiente impulso político para incentivar a la Cámara a avanzar.
Mientras el Congreso continúa negociando, el frente regulatorio estadounidense no se ha detenido.
La Securities and Exchange Commission (SEC) ha comenzado a acelerar sus propios trabajos relacionados con la regulación de activos digitales.
La agencia programó una reunión para discutir una propuesta destinada a crear un régimen específico para determinadas ofertas de contratos de inversión relacionados con criptoactivos.
Además, la SEC ya trabaja en otros cambios regulatorios relacionados con capital líquido de los intermediarios, mantenimiento de registros y reglas aplicables a exchanges de activos digitales.
Paul Atkins, presidente de la SEC, también ha planteado la creación de una “token taxonomy”, cuyo objetivo sería establecer una clasificación que permita determinar qué criptomonedas deberían considerarse valores.
Por su parte, la SEC y la CFTC han anunciado esfuerzos conjuntos para modernizar la regulación de los activos digitales bajo el denominado Project Crypto.
Esto crea una situación relevante para el mercado: las agencias pueden avanzar en determinadas áreas incluso si el Congreso no consigue aprobar el Clarity Act.
La respuesta, según representantes de la industria citados en el material, es que no completamente.
Tanto Atkins como el presidente de la CFTC, Michael Selig, han defendido la capacidad de las agencias para proporcionar claridad regulatoria en el corto plazo. Sin embargo, también han respaldado la necesidad de una legislación integral aprobada por el Congreso.
La diferencia fundamental está en la duración y estabilidad de las reglas.
Las agencias pueden ofrecer determinadas exenciones, interpretaciones y modificaciones regulatorias, pero esas medidas no necesariamente proporcionan el mismo nivel de permanencia que una ley federal.
Para desarrolladores, empresas e inversores del sector cripto, esa distinción resulta fundamental porque las decisiones administrativas pueden cambiar con el tiempo, mientras que una legislación aprobada por el Congreso establecería un marco legal mucho más duradero.
No necesariamente.
Aunque la ausencia de una votación durante agosto representó un revés para quienes esperaban avances antes del receso, representantes de la industria todavía consideran que existe una oportunidad en septiembre.
Mersinger sostuvo que las negociaciones habían avanzado durante las semanas anteriores y que ese trabajo podría continuar durante el receso.
La expectativa de algunos defensores de la legislación es que, para cuando llegue la votación del 15 de septiembre, los principales puntos de conflicto puedan estar suficientemente resueltos para conseguir los votos necesarios.
Peter Phelan, vicepresidente de asesoría estratégica de Elliptic, también pidió paciencia y señaló que el estancamiento no significa que el proceso haya regresado al punto de partida.
Esa visión coincide con la postura de Kristin Smith, presidenta del Solana Policy Institute, quien mantiene que existe una ventana real para completar el proyecto cuando el Congreso regrese en septiembre.
La administración de Trump también mantiene públicamente su respaldo a la iniciativa.
Patrick Witt, principal asesor de criptomonedas de la Casa Blanca, afirmó que el Gobierno continúa comprometido con lograr que el Clarity Act supere el proceso legislativo en septiembre y sostuvo que el mercado necesita reglas duraderas que únicamente una ley puede proporcionar.
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El Clarity Act llega a septiembre en una posición mucho más vulnerable de lo que muchos defensores de la industria esperaban al comenzar el proceso.
El proyecto enfrenta disputas sobre recompensas de stablecoins, cuestiones éticas, preocupaciones sobre financiación ilícita, diferencias entre la Cámara y el Senado y un calendario legislativo extremadamente limitado.
El pronóstico de TD Cowen, que sitúa en 25% las probabilidades de que el proyecto se convierta en ley en los próximos meses, refleja la magnitud del desafío.
Sin embargo, la legislación todavía conserva respaldo dentro de sectores importantes de la industria y de la administración estadounidense. Además, tanto la SEC como la CFTC están avanzando en iniciativas propias para ofrecer mayor claridad regulatoria al mercado.
La diferencia es que esas acciones administrativas pueden servir como una solución temporal, mientras que el Clarity Act busca establecer un marco federal integral y duradero para el mercado de criptomonedas.
Por eso, el 15 de septiembre podría convertirse en una fecha determinante. Si el Senado logra superar el obstáculo procesal y avanzar hacia una votación sustantiva, el proyecto recuperaría impulso y podría entrar en una nueva fase de negociación con la Cámara.
Si vuelve a fracasar, el estrecho calendario legislativo de 2026 podría convertir el Clarity Act en una de las grandes asignaturas pendientes de la regulación cripto estadounidense.
Por ahora, el proyecto no está muerto. Pero, como advierten los analistas, el camino hacia su aprobación es cada vez más difícil.
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